La Superintendencia de Sociedades expidió una nueva Circular Básica Jurídica que actualiza y unifica las principales instrucciones aplicables a las sociedades supervisadas, como lo son unificar en un solo Sistema Integral (Capítulo IX) el SAGRILAFT y el PTEE, estableció la necesidad de contar con un oficial de cumplimiento suplente, en derecho societario, reforzó que la inscripción de la situación de control o grupo empresarial exige revelar de forma estricta al «controlante real», evitando revelar únicamente a intermediarios en la estructura corporativa.
Sin perjuicio de lo anterior, entre los cambios más relevantes, la entidad revisó las reglas sobre el derecho de inspección, con el propósito de precisar su alcance y fortalecer las herramientas de gobierno corporativo, en línea con la legislación vigente y la experiencia obtenida en el ejercicio de sus funciones de supervisión.
La Circular recuerda que el derecho de inspección permite a los socios acceder a la información necesaria para ejercer sus derechos de manera informada, especialmente con ocasión de las reuniones del máximo órgano social. No obstante, también aclara que este derecho debe ejercerse dentro de los límites previstos por la ley y los estatutos, sin desconocer la existencia de información reservada cuya divulgación podría afectar los intereses de la compañía.
La actualización cobra especial importancia porque los desacuerdos sobre el acceso a la información suelen convertirse en una de las principales causas de conflictos societarios. Contar con reglas claras sobre qué información puede solicitarse, en qué momento y bajo qué condiciones contribuye a proteger tanto los derechos de los asociados como el deber de los administradores de salvaguardar la información estratégica de la empresa.
Para las sociedades, esta actualización representa una oportunidad para revisar sus estatutos, reglamentos internos y procedimientos de atención a los socios, con el fin de asegurar que el ejercicio del derecho de inspección se desarrolle de forma transparente, ordenada y conforme a los criterios fijados por la Superintendencia.
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