La Ley 2502 de 2025 modifica el artículo 296 del Código Penal Colombiano al incorporar un agravante para el delito de falsedad personal cuando se comete mediante Inteligencia Artificial (IA), incrementando la sanción económica hasta en una tercera parte. Esta regulación responde al uso creciente de tecnologías como deepfakes para suplantar identidades con fines ilícitos, afectando derechos fundamentales como la privacidad, la dignidad y la seguridad jurídica. Además, la norma establece la formulación de una política pública enfocada en ética digital, ciberseguridad, cooperación interinstitucional y desarrollo tecnológico, así como la obligación para la Fiscalía de garantizar la trazabilidad de los casos y emitir informes sobre tendencias delictivas relacionadas con IA.
En el ámbito corporativo, esta ley tiene un impacto relevante al generar nuevos riesgos de fraude y suplantación que pueden comprometer la autenticidad en actos societarios, manipulación de actas, alteración de decisiones estratégicas y fraudes contractuales. Las sociedades deberán reforzar sus programas de compliance, implementar herramientas de verificación biométrica y protocolos para mitigar riesgos asociados al uso indebido de IA, garantizando la transparencia y la confianza en un entorno empresarial digitalizado. El incumplimiento de estas medidas no solo podría acarrear consecuencias legales y financieras, sino también un grave deterioro reputacional que afecte la sostenibilidad y la gobernanza corporativa.
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