El numeral 7 del artículo 23 de la ley 222 de 1995 indica que las personas que tiene la calidad de “administrador” en una sociedad (representante legal, liquidador, factor, miembros principales y suplentes de la junta directiva) deberán abstenerse de participar de manera directa o indirecta en beneficio personal o de terceros, en los escenarios donde exista conflicto de intereses, salvo que exista autorización expresa del máximo órgano social.

Adicionalmente y conforme al Decreto 46 de 2024, el cual define como conflicto de intereses, cuando exista, por parte del administrador un interés directo o indirecto que pueda comprometer su criterio o independencia en la toma de decisiones en el mejor interés de la sociedad, en lo relativo a uno o varios actos, en los que sea parte o esté involucrada la sociedad en la que dicho administrador ejerce sus funciones.

Desde aquella óptica, los conflictos de interés pueden originarse en los siguientes escenarios: i) Que el “administrador” realice negocios con una compañía que representa; ii) Realizar conciliaciones laborales a favor del “administrador”; iii) Que el “administrador” contrate con parientes o sociedades representadas o controladas por parientes; iv) Emitir títulos valores de la compañía a favor del “administrador”; v) Que el “administrador” contrate consigo mismo de manera directa; vi) Que el “administrador” realice operaciones en favor de accionistas mayoritarios o controlantes; vii) Que el “administrador” se conceda créditos con recursos de la persona jurídica; entre muchos otros.

Ahora bien, la norma en comento, indica además que, en los conflictos de interés, el “administrador” deberá suministrar al máximo órgano social toda la información relevante para la toma de decisiones, inclusive, señala expresamente que, de la decisión que se tome en el máximo órgano social deberá excluirse el voto del “administrador”, en caso de ser accionistas y finalizada la norma indicando que la autorización del máximo órgano social, exclusivamente, podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la compañía.

Precisamente, en sentencia de la Superintendencia de Sociedades, Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, proceso No. 2018-800-00241 (Apolinar Martínez Barrantes contra Álvaro Martínez Gómez y otros), del 26 de abril de 2019, se declaró la nulidad absoluta de los contratos, después de analizar las operaciones de compraventa para establecer si se cumplió o no, con lo exigido por el régimen colombiano de conflicto de interés, en consecuencia, resaltó que el “administrador” debía cumplir con lo siguiente: i) Convocar al máximo órgano social; ii) Señalar en el orden del día solicitud de autorización previa para la operación que representa el conflicto de interés; iii) Suministrar toda la información relevante para la toma de la decisión; iv) Excluir de la respectiva determinación el voto del “administrador” en caso de ser accionistas y; v) Dejar constancia de la autorización previa aprobada por el máximo órgano social, si no perjudica los intereses de la sociedad.

En conclusión, incumplir con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 23 de la ley 222 de 1995 acarrea como consecuencia la “nulidad absoluta” (numeral 1 del artículo 899 del Código de Comercio), en otras palabras, no surtir el trámite de autorización previa para la celebración de operaciones que exhiben conflicto de interés ante el máximo órgano social de la compañía conlleva a la nulidad de los actos viciados por conflicto de interés, así como sanciones para los administradores.

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