La ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) en el parágrafo del artículo 487 incluyo la figura de “partición del patrimonio en vida” como herramienta para contrarrestar los actos jurídicos intrincados y simulados que realiza el titular del derecho de dominio (el propietario) de un bien, como, por ejemplo, el proceso sucesorio o la simulación de compraventa. Precisamente, la “partición del patrimonio en vida” se erige como nuevo modelo de trasmisión gratuita de bienes por acto entre vivos, que no vulnera el derecho a la igualdad del que gozan los herederos, proceso de sucesión, dado que, la autonomía de la voluntad del propietario tiene límites, tales como: las asignaciones forzosas, los derechos de terceros y los derechos gananciales.

De hecho, la Corte Constitucional a través de sentencia C-683/14, con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, del 10 de septiembre de 2014, preciso que “(…) En efecto, la norma acusada contiene la obligación de no desconocer las asignaciones forzosas, los derechos de terceros y los gananciales en el proceso de partición, lo cual se asegura mediante la licencia judicial previa, que remite al artículo 577 del Código General del Proceso, referido a los procesos de jurisdicción voluntaria. En el marco de la autorización judicial que se tramita mediante este tipo de procesos, se asegura la publicidad para garantizar los derechos de los terceros que podrían verse perjudicados por la partición, se practican las pruebas que sean necesarias y se reconoce la posibilidad de interponer recursos. Así, los terceros que acrediten su interés o los hijos extramatrimoniales no reconocidos que se encuentren en un proceso de filiación, podrán acudir al juez y aportar las pruebas que consideren oportunas para hacer valer sus derechos” (Pág. 21).

En ese orden, son tres escenarios los que debe agotar el titular del derecho de dominio de un bien, los cuales se detallan a continuación: i) Autorización judicial, es decir, proceso de jurisdicción voluntaria, para autorizar la partición del patrimonio; ii) Escritura pública e; iii) Inscripción en el correspondiente registro del bien que se adjudica.

Desde aquella perspectiva, la Superintendencia de Sociedades mediante oficio 220-071556 del 8 de abril de 2024, explicó que una persona que ostenta la titularidad en las acciones en una sociedad, en la cual se encuentre pactado en los estatutos sociales el derecho de preferencia, y que pretenda utilizar la herramienta “partición del patrimonio en vida” (Parágrafo 489 del CGP), debe cumplir con los requisitos establecidos por aquella norma, antes de otorgar el instrumento que así lo disponga; en adición,  antes de proceder con la partición en vida, en caso que la sociedad tenga pactado el derecho de preferencia, debe respetar dichos derechos de la sociedad y de los accionistas con respecto a la adquisición de acciones.

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